En plena transición energética y ante la emergencia climática, disponemos de pocas herramientas tan potentes como los Certificados de Ahorro Energético (CAE). Y, a pesar de ello, su implantación en España sigue siendo tímida, enrevesada y poco conocida. Es necesaria una reflexión seria si queremos convertir esta herramienta en un verdadero motor de cambio.
Los CAE son, en esencia, un reconocimiento formal de que una actuación ha supuesto una reducción real del consumo energético. Nacen del sistema nacional de obligaciones de ahorro, impulsado por la Unión Europea, y ofrecen una alternativa atractiva a las grandes comercializadoras de energía: pueden cumplir parte de sus obligaciones adquiriendo estos certificados en lugar de abonar directamente las cantidades correspondientes al Fondo Nacional de Eficiencia Energética.
Esto, que sobre el papel suena sencillo, se complica cuando observamos el funcionamiento real del sistema. Para generar un CAE es necesario ejecutar una actuación de eficiencia energética (como sustituir una caldera por una bomba de calor o renovar un sistema de iluminación), cuantificar los ahorros obtenidos, verificarlos con una metodología reconocida y, finalmente, certificarlos. A partir de ahí, este certificado puede ser adquirido por una empresa obligada y utilizado como parte de su cumplimiento normativo.
Hasta aquí, todo correcto. El problema es que, con demasiada frecuencia, todo el proceso es un camino lleno de obstáculos. Desconocimiento generalizado del procedimiento para generar CAE, tramitaciones complejas, costes inasumibles para proyectos pequeños, dificultades para acceder a datos energéticos fiables... Los retos son muchos, y se necesitan medidas claras para superarlos.
Hay actuaciones que generan CAE y que tienen un impacto claro y medible: desde la sustitución de sistemas de climatización y mejoras de aislamiento en edificios, hasta optimizaciones de procesos industriales o renovación de flotas de transporte. Sectores como la industria, el comercio o los servicios pueden beneficiarse, y al mismo tiempo contribuir a la reducción de emisiones. Pero, si no se facilita el acceso al sistema, estos potenciales se pierden.
Una de las claves es hacer más accesible y eficiente el proceso administrativo. Digitalizar trámites, simplificar documentación, agilizar verificaciones. Pero también es necesario hacer pedagogía. El sistema es prácticamente desconocido para muchas pymes, ayuntamientos o consumidores que podrían liderar proyectos transformadores si supieran cómo hacerlo. Se necesitan campañas de difusión, formación específica y apoyo técnico.
También es urgente revisar las fichas técnicas que definen qué se puede certificar y cómo. No tiene sentido que la mejora de la envolvente térmica en edificios industriales no genere CAE, pese a su impacto en eficiencia energética y los beneficios ambientales asociados, como la retirada del fibrocemento. Debemos revisar estas rigideces con una mirada estratégica.
Y aún más: a la hora de cuantificar los ahorros, sería necesario tener en cuenta toda la vida útil del proyecto, y no solo el primer año, lo que haría la inversión más atractiva y reconocería mejor los beneficios a largo plazo. Actualmente, la Ley 18/2014 de Certificados de Ahorro Energético solo permite realizar cálculos de ahorro energético con base anual. La modificación legal, aunque ya está preparada, sigue pendiente de aprobación por parte del Ministerio.
Los CAE son mucho más que un instrumento técnico. Son una oportunidad para dinamizar el mercado de la eficiencia energética, implicar al sector privado, reducir emisiones y generar nuevos modelos de negocio. Pero para que eso ocurra, es necesario creer en ello y poner los medios adecuados.
España no puede permitirse el lujo de desaprovechar esta herramienta. La transición energética no se logrará solo con grandes planes e infraestructuras: hay que movilizar a cada agente, cada territorio, cada oportunidad de ahorro. Y los CAE pueden ser un elemento clave si conseguimos hacerlos crecer con sentido común, con visión y con ambición.