Para simplificar el debate y no condicionarlo con elementos externos, dejaremos de lado el drama de la vulnerabilidad económica de los consumidores. En los países avanzados y democráticos, cuando su gente pasa por momentos de dificultades económicas o del tipo que sea, usan los Presupuestos Generales para darles cobertura. Poner adjetivos a la pobreza, y hablar de pobreza energética forma parte de la estrategia para no hacer frente al problema de fondo, que es la pobreza pura y dura y que el Síndic de Greuges ya puso sobre la mesa el año 2014 en su Informe sobre el derecho a los suministros básicos, donde remarca las distorsiones que causa el hecho de mezclar política social y política energética.

Por lo tanto, para poder analizar el precio de la electricidad, no incluiremos la perspectiva de la vulnerabilidad económica, y nos centraremos en aquellas familias y empresas que aún pueden pagar las facturas.

La electricidad debe ser muy barata en España, pues según el informe de la CNMC del tercer trimestre de 2020, sólo un 3,1% de los consumidores cambiaron de comercializadora eléctrica. El mismo año, un 12% de usuarios cambiaron de operador de telefonía móvil. En el Reino Unido hace años que, en cuanto los proveedores de electricidad, la ratio de cambio es superior al 20% y muchas veces por encima del 25%. Los consumidores del Reino Unido son muy sensibles a los cambios de precio y las ofertas, no sólo de precio sino también de servicios de las comercializadoras, que deben ser altamente competitivas. En España, la luz debe ser muy barata, pues no motiva a que se busquen ofertas alternativas de forma mayoritaria. En el Reino Unido, una comercializadora que se despiste, en cuatro años puede perder todos sus clientes. En España, una comercializadora que no aporte nada, tardará más de 30 años en perder todos los clientes. Cambiar de comercializadora es tanto o más fácil y rápido que cambiar de operador de móvil.

La electricidad debe ser muy barata, pues en Cataluña no se ven placas solares ni en los tejados de los hogares ni en los polígonos industriales. Poner placas es comprar electricidad muy barata a 30 años vista, sin impuestos, y a precio fijo. Debe ser muy barato un bien o servicio que no motiva a reaccionar de forma mayoritaria cuando duplica o triplica su precio, aunque las tecnologías sean muy maduras y económicas y aunque haya un buen número de ayuntamientos que hacen bonificaciones bastante importantes. Sólo hay que llamar a dos o tres empresas de las que se anuncian en los medios y pedir un presupuesto. Por si alguien tiene dudas a nivel financiero y le preocupan los plazos de recuperación de su inversión, deben saber que se amortizan mucho más rápido que el de la televisión de muchas pulgadas que compraron sin pensárnoslo mucho o del coche que ya han enseñado a todas las amistades y saludados.

Debemos felicitar y reconocer a los pioneros que lo están haciendo, pues es gente que ha abandonado las métricas del siglo pasado y han adoptado indicadores para valorar las inversiones con visión de rentabilidad de la sostenibilidad, que es positiva para quien lo hace y también para su entorno.

¿Puede ser que la mayoría de la población esté esperando una acción política que lo solucione sin tener que intervenir personalmente ?. Ya hemos visto una bajada de IVA, es decir, reduciendo los ingresos del Estado, que se traducirán en menos gasto o en nuevos impuestos. Un mero cambio de cromos, que afectará negativamente a los mismos que ha beneficiado. Sabemos que cuando la carga impositiva baja, hay tendencia a que el diferencial se convierta en margen comercial de las empresas, y más si hay un oligopolio.

Un mercado, para ser libre, debe ser transparente y contar con muchos participantes. En el extremo contrario está el monopolio, y si hay pocos participantes que acaparan buena parte del mercado tenemos un oligopolio. Las decisiones de un monopolio se toman dentro de un despacho cerrado. Las de un oligopolio hacen lo mismo que hace el vecino, pues todos aspiran a máximo beneficio, y nadie quiere pisar la sotana del otro.
En el sector de la energía no tenemos un oligopolio. Tenemos tres, formados por las mismas empresas, que suman posiciones dominantes tanto en el sector de la generación, como el de la distribución y también al de la comercialización.

Afortunadamente, hay ayuntamientos que están fomentando la creación de comunidades energéticas, en beneficio del propio Ayuntamiento, que rebajando al factura eléctrica dispondrá de más recursos económicos, y en beneficio de la ciudadanía que aprovechará el precio de la energía generada en tejados públicos, participando de una acción comunitaria. Aún mejor es el caso de quien tiene placas en su tejado y también participa de estos esquemas de energía comunitaria.

Y, por último, después de haber hablado sólo del precio, no hay que permitir pasar de puntillas por encima de lo que verdaderamente cuenta, que es la reducción de las emisiones de CO2 para mitigar lo más rápidamente posible los efectos del cambio climático provocado por el calentamiento global. Este es el objetivo que justifica todo lo que hacemos, a pesar de que la electricidad sea extremadamente barata.