El Gobierno de la Generalitat ha aprobado recientemente el Decreto ley 12/2025, un texto que, con la voluntad de desbloquear la parálisis actual, introduce medidas clave para impulsar el desarrollo de las energías renovables en Cataluña. Desde la regulación del almacenamiento con baterías, hasta la hibridación de parques y la simplificación administrativa, este decreto puede suponer un antes y un después. Pero también nos obliga a mirar atrás y reconocer los errores que han marcado la última década.

La principal novedad es la normalización de las baterías como elemento fundamental del sistema energético. Se facilita su instalación tanto de manera independiente como asociada a parques fotovoltaicos o eólicos. Además, en suelos industriales o logísticos no será necesario modificar la planificación urbanística, lo que agilizará notablemente los trámites. También se incluye la consideración de “interés público superior” para estas instalaciones, así como para las líneas de evacuación, lo cual permite superar algunos impedimentos legales y territoriales que hasta ahora hacían inviable muchos proyectos, aunque sigue siendo un concepto que habrá que ver cómo se aplica en la práctica.

Desde mi experiencia personal, este decreto llega tarde, pero es bienvenido. No puede ser que desarrollar un parque solar fotovoltaico de menos de 5 MW haya supuesto casi cinco años de tramitaciones, estirando los plazos al límite y poniendo en riesgo permisos, acuerdos e inversiones ya realizadas. Esta realidad ha sido demasiado frecuente. La batalla por la generación renovable la estamos perdiendo, no por falta de tecnología ni de capital, sino por una estructura administrativa que ha sido, durante años, lentísima y a menudo contradictoria.

Pero la batalla no es solo administrativa. También hemos fallado en electrificar la demanda. No hemos sabido generar suficiente consumo eléctrico directo —en movilidad, en industria, en climatización— para dar salida a lo que ya estamos produciendo con fuentes renovables. Y eso ha tenido una consecuencia clara: los precios no han acompañado, y muchos proyectos han dejado de ser viables por falta de estabilidad o rentabilidad.

Por eso, lo que más esperanza me genera del decreto no es solo el hecho de poder instalar más baterías, sino el papel que estas pueden desempeñar en la estabilización del sistema y de los precios. Si somos capaces de desplegar el almacenamiento a escala y de forma ágil, podremos gestionar mejor la generación renovable, reducir picos y caídas de precios, y recuperar la confianza de inversores y promotores.

Es evidente que hemos perdido demasiado tiempo. Pero este decreto podría ser una última oportunidad para corregir el rumbo. Necesitamos que los trámites realmente se agilicen, que las normativas no se contradigan, y que la Generalitat no solo apruebe textos, sino que también aporte recursos para hacerlos efectivos sobre el terreno, y que ejerza un liderazgo firme frente a reactividades locales, muchas veces basadas en una clara desinformación, o en un interés minoritario y poco solidario.

Las energías renovables pueden ser una historia de éxito en Cataluña. Tenemos sol, viento, talento y capacidad industrial. Pero también necesitamos visión, determinación y una administración alineada con los objetivos climáticos. El Decreto ley 12/2025 es un paso en la buena dirección. Ahora toca avanzar, y hacerlo rápido.